Autoridades y vecinos de Bacoachi representan para que se castigue a Gándara y no se remueva a Urrea de Sonora

FONDO FERNANDO PESQUEIRA.SALA DEL NOROESTE DEL MUSEO Y BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA. DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA DE SONORA, SERIE IV, TOMO 1, (1831-1847) PP. 319-322.

 

Ver Documento en PDF

En el pueblo de Bacoachi a los diez y ocho días del mes de Abril de mil ochocientos cuarenta y cuatro, reunidos los jueces 1º y 2º de paz y el vecindario del mismo, a consecuencia de haberse recibido una proclama del Excelentísimo Señor General de Brigada Don Francisco Ponce de León, como comandante general y Gobernador de este Departamento, nombrado para desempeñar los cargos político y militar, por el Supremo Magistrado de la República, hemos acordado contestar aunque de paso la invitación con que el referido Señor brinda a todos los sonorenses para consolidar la paz en nuestro desgraciado país.

Los deseos que acaso animan a este Señor, es probable sean demasiado piadosos, y nacidos de un corazón lleno de los mejores sentimientos, y no cabe duda que si esto se verificara, se verificaría también la felicidad que así como Su Excelencia tanto apetecemos los ciudadanos sonorenses. Pero, ¿de qué modo podremos concebir que se ha de consolidar esta paz en Sonora, después de los funestísimos acontecimientos causados por la bárbara revolución, después de las innumerables desgracias consumadas por la misma, trascendentales a toda clase de personas e intereses? ¿los pueblos todos de Sonora serán conformes con que hoy después de tanto mal originado por aquella, se uniese para entrar en amistad con los disidentes, cuyos enemigos del departamento, son llamados al castigo por la ley establecida en la Nación Mexicana, que no puede salvarlos, y por la justicia divina que así mismo han ultrajado, sin humanidad, sin miramiento alguno que pudiera hacerlos acreedores a la benignidad del alto Gobierno y buen corazón de los sonorenses? ¡Estos mismos hechos, acusan a estos mismos hombres, a quienes como hemos dicho la ley llama para castigarles severa y ejemplarmente sus crímenes de horror! ¿Será compatible vean con calma esta amnistía los huérfanos, las viudas y un sin número de ciudadanos honrados, que han perdido los unos a los padres, las otras a sus esposos y los últimos sus capitales e intereses de campo? ¿Será justo repetimos, que estos mismos enemigos del orden, que han visto con placer derramar la sangre y consumarse casi la desgracia absoluta de todos los pueblos de esta frontera, sean los que quieran amnistiarse con aquellos? ¿Y podremos concebir que todo esto haya de consentirse con calma por el supremo Gobierno de la Nación Mexicana? ¡Un sueño, una ilusión parece todo lo que ocurre! Y no dudamos que el Excelentísimo Señor Presidente, haya sido sorprendido por falsos informes de los que secundan la opinión de nuestros enemigos, pero que estos pueden ser destruidos con la clara verdad que con justicia alegamos. El gobierno supremo pidiendo al dignísimo General Don José Urrea, todos los datos para cerciorarse suficientemente que los pérfidos Gándara han sido y son los motores de esta desastrosa revolución. Y conocidos estos por las evidentísimas pruebas que existen para probar la malignidad de aquellos, venga en concedernos la justicia que las leyes determinan en favor de los habitantes del departamento. Y si esto no sucede, ¿cuáles son los derechos de los ciudadanos? ¿y hasta cuándo, o en qué tiempo se deben reclamar?  ¿No son los acontecimientos acaecidos en nuestro país, los que deben llamar la alta atención del gran Magistrado de la República, para que desde luego decretase el castigo de los criminales? ¿Para quién se oculta que ellos y no más que ellos intentaron causar desde el año de 1838 la ruina de la frontera, extrayéndole de la ciudad de Arizpe los poderes con que estaba protegida de la asombrosa incursión de los bárbaros Apaches, que hoy ya es insufrible?

Vistas pues con la conocidísima prudencia, del Excelentísimo Señor General de la División, Presidente de la República y benemérito de la patria Don Antonio López de Santa Anna, las razones expuestas antecedentemente, como causas justas que nos motivan según lo consideramos a nuestro humilde parecer, venga en concedernos lo que se ha acordado en esta Junta por los tres Artículos siguientes:

1º.- Que no queden por ningún motivo, impunes los delitos de los Gándara, y que estos sean encausados y sentenciados en los Tribunales de este departamento, para que a vista del pueblo sonorense sea bien analizado el cumplimiento de las leyes.

2º Que aun el Excelentísimo Señor General Don Francisco Ponce de León ha sido nombrado Comandante General y Gobernador de este departamento, para relevar en ambos mandos al Excelentísimo Señor General Don José Urrea, y aunque también nos conceptuamos que el primero tenga las mejores intenciones como lo expresa en su proclama para concluir brevemente con un ósculo de paz las discordias actuales de este país, pedimos sin embargo a Su Excelencia usando del derecho que la ley nos concede, sea nombrado segunda vez Comandante General y Gobernador de Sonora, a su padre y protector General Don José Urrea: como el único de quien puede esperar el departamento su ventura felicidad.

3º Y estando concluida esta acta, remítase original al Señor Sub-prefecto del partido, para que se sirva elevarla a la Excelentísima Asamblea departamental, y tenga el curso correspondiente. Firmándola por su orden los Jueces de paz y el vecindario.

Vicente Bustamante.- Ignacio Salazar.- Ignacio Escalante.- Cristóbal Mazón.- Tiburcio Jácome.- José Escalante.- Vicente Baca y Ortiz.- Refugio Arvizu.- Juan de Dios Sánchez.- Ildefonso Bernal.- José Rivera.- J. Antonio Abril.- Francisco Durán.- Secundino Trejo.- y 23 firmas más.

 

Tomado del manuscrito de la caja no. 15

Exp. 477 del archivo del H. Congreso del Estado de Sonora, año de 1844.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *